Redactor: Sam Torne
La industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial en Argentina se ha visto recientemente impactada por una decisión oficial que eliminó normativas clave, poniendo en riesgo proyectos valiosos y oportunidades de empleo. Esta medida genera incertidumbre en un sector con potencial para crear hasta 10,000 empleos y generar exportaciones anuales por 50 millones de dólares.
Hasta hace poco, Argentina había establecido un marco regulatorio favorable para el desarrollo de esta industria, con la Ley 27.669 y la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Este organismo, fundado en 2023, gestionaba aspectos como la siembra, producción y exportación de cannabis para uso medicinal e industrial, promoviendo una regulación segura y estable para las empresas. La industria atrajo rápidamente la inversión y fue pionera en sectores como el cosmético y el farmacéutico, lo cual posicionaba a Argentina en el mercado internacional del cannabis.
Sin embargo, la reciente derogación de normas impuestas bajo el gobierno anterior ha dejado a 56 proyectos en un «limbo» regulatorio, al eliminar autorizaciones previas y empezar nuevamente desde cero. Esta medida limita las actividades de producción y comercialización, ya que afecta no solo al cannabis medicinal, sino también a la cadena de valor del cáñamo industrial. Empresas que habían logrado exportar a mercados internacionales se encuentran ahora sin poder cumplir con sus compromisos de venta, y otros proyectos han detenido sus operaciones ante la falta de certeza legal.
Implicaciones económicas y de empleo
Las oportunidades perdidas no solo afectan el empleo en el sector, sino que también frenan las exportaciones y la posibilidad de atraer inversiones extranjeras. Proyectos provinciales como el de la empresa Agrogenética en La Rioja, respaldados por el Estado, estaban preparados para exportar productos a mercados como Suiza, generando ingresos en dólares para el país. Ahora, los actores del sector temen que esta derogación desmotive tanto a inversores nacionales como extranjeros, quienes priorizan marcos legales estables y previsibilidad.
Para algunas empresas del sector, la situación es particularmente desafiante, ya que planeaban ampliar sus operaciones en áreas de alto valor agregado. El presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, Pablo Fazio, advirtió que esta decisión «limita la capacidad de planificación de las empresas» y podría llevar a una ola de reclamos judiciales en contra del Estado. Además, señaló que la interrupción de los permisos afecta directamente la producción de aceites medicinales y productos de cáñamo, y propuso que el Gobierno reconsidere su decisión para evitar impactos negativos sobre el desarrollo industrial en provincias con altos índices de desempleo.
Para que la industria del cannabis prospere en Argentina, los expertos en el sector piden claridad regulatoria y la inclusión de actores privados y gubernamentales en la formulación de políticas.
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