El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha reanudado un debate crucial sobre la despenalización del porte de marihuana para uso personal, un tema que ha generado controversia y reacciones diversas en el país. Este juicio, iniciado en 2015, busca establecer parámetros claros para diferenciar entre usuarios y traficantes, en un intento de ajustar las políticas de drogas a una perspectiva más enfocada en la salud pública y los derechos humanos.
Durante las deliberaciones, los magistrados del STF han propuesto diversos criterios para definir la cantidad de marihuana que se considera para uso personal. Entre las sugerencias destacan límites que varían entre 25 y 60 gramos de marihuana o la posesión de hasta seis plantas hembras, basándose en estudios que indican que menos del 9% de los casos de tráfico de droga involucran a personas con 60 gramos o menos de marihuana.
El ministro Alexandre de Moraes, uno de los defensores de la despenalización, ha subrayado la importancia de establecer un criterio objetivo para diferenciar usuarios de traficantes, sugiriendo que esta medida podría aliviar la sobrepoblación carcelaria y mejorar la justicia social en el país.
A pesar del avance en el STF, la despenalización enfrenta una fuerte oposición en el Senado de Brasil, donde recientemente se aprobó un proyecto de ley que propone criminalizar la posesión de drogas sin importar la cantidad, una medida que muchos consideran un retroceso significativo. Este proyecto de ley busca modificar la Constitución para tratar la posesión de cualquier cantidad de droga como un delito, desafiando directamente los esfuerzos del STF por una reforma más humanitaria y eficiente.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha señalado que esperará la decisión del STF antes de proceder con la votación en la Cámara de Diputados, una postura que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y activistas que ven en la criminalización un enfoque fallido y contraproducente.
El debate sobre la despenalización del porte de marihuana en Brasil no solo es una cuestión legal, sino también social y política. La "guerra contra las drogas" en Brasil ha resultado en una alta tasa de encarcelamiento, especialmente de personas de bajos recursos, y ha contribuido a la violencia y corrupción policial. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la salud pública abogan por un enfoque que priorice el tratamiento y la educación sobre la criminalización y el encarcelamiento.
La resolución del STF podría marcar un hito en las políticas de drogas en Brasil, alineando al país con una tendencia global hacia la despenalización y el tratamiento de las drogas desde una perspectiva de salud pública. Sin embargo, la oposición en el Senado y otros sectores conservadores presenta un desafío significativo que deberá ser superado para lograr una reforma efectiva y justa.