Redactor: Sam Torne
En las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump ha sido elegido como el 47º presidente, lo que ha generado expectativas sobre posibles cambios en las políticas federales, incluyendo las relacionadas con el cannabis. Durante su campaña electoral, Trump mostró una postura más abierta hacia la legalización del cannabis; en septiembre de 2024, expresó su apoyo a la reprogramación del cannabis como una sustancia menos peligrosa, alineándose con la posición de su entonces oponente, Kamala Harris.
Además, respaldó una iniciativa en Florida para legalizar el uso recreativo del cannabis, destacando la importancia de no criminalizar la posesión de pequeñas cantidades y sugiriendo que los legisladores estatales establezcan regulaciones para su uso público.
Implicaciones para la política federal
Con su regreso a la Casa Blanca, se anticipa que Trump podría impulsar reformas significativas en la política federal sobre el cannabis. Su apoyo a la reprogramación de la sustancia indica una posible revisión de su clasificación actual, lo que facilitaría la investigación y el acceso al cannabis para usos médicos y recreativos. Además, su respaldo a iniciativas estatales sugiere una mayor flexibilidad para que los estados determinen sus propias políticas sobre el cannabis.
La comunidad cannábica y los defensores de la reforma de políticas de drogas han recibido con cautela el cambio de postura de Trump. Si bien su apoyo reciente es visto como un avance, algunos recuerdan que, durante su primera administración, las políticas federales sobre el cannabis no experimentaron cambios importantes. Organizaciones como la U.S. Cannabis Council ha señalado que esta es la primera vez que ambos candidatos principales a la presidencia apoyaron reformas amplias sobre el cannabis, lo que refleja un cambio en la percepción pública y política sobre el tema.
A pesar del aparente apoyo de Trump a la reforma del cannabis, existen desafíos significativos para implementar cambios a nivel federal. La reprogramación de la sustancia requeriría acciones coordinadas entre diversas agencias federales y podría enfrentar oposición en el Congreso. Además, la implementación de políticas que permitan a los estados determinar sus propias regulaciones sobre el cannabis podría generar un mosaico de leyes que complicarían la aplicación y el cumplimiento a nivel nacional.
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