Redactor: Sam Torne
En junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del uso lúdico de marihuana en México, marcando un cambio histórico en la política de drogas. Esta decisión permitió a las personas adultas solicitar permisos para cultivar, consumir y transportar cannabis para uso personal, siempre bajo autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, la falta de una regulación clara para la comercialización ha dejado vacíos legales que complican tanto el control del mercado como el acceso a los beneficios medicinales del cannabis.
El combate al tráfico ilegal de cannabis sigue siendo uno de los mayores retos tras la despenalización. Informes periodísticos destacan cómo el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de «Los Chapitos», ha creado dispensarios clandestinos en zonas urbanas, simulando negocios legales. Estas operaciones aprovechan los vacíos legales y la ausencia de regulación efectiva para mantener su dominio en el mercado. La falta de un marco robusto no solo limita el impacto de la despenalización en la reducción del mercado negro, sino que también plantea riesgos adicionales para la seguridad pública.
El uso medicinal del cannabis, aunque regulado desde 2017, enfrenta múltiples barreras en México. Pacientes con enfermedades crónicas como epilepsia y cáncer han denunciado problemas para obtener tratamientos debido a los elevados costos y la falta de inclusión de estos medicamentos en el cuadro básico de salud pública. En muchos casos, las personas recurren al mercado negro, exponiéndose a productos sin controles de calidad.
El caso de Arantza Ortiz, una niña con epilepsia severa, evidencia las limitaciones del sistema. Su familia enfrenta gastos de entre 400 y 800 dólares trimestrales para adquirir medicamentos de cannabis, una cifra prohibitiva para muchas familias mexicanas. Aunque los tribunales han ordenado a instituciones públicas proveer estos tratamientos, la implementación ha sido lenta debido a la falta de voluntad política y la incertidumbre legal.
Aunque la despenalización de la marihuana es un paso significativo, México enfrenta un panorama complejo. La ausencia de un marco regulatorio sólido limita tanto el impacto en la lucha contra el mercado negro como el acceso a los beneficios médicos. Para avanzar, es crucial que el gobierno implemente regulaciones claras que promuevan la legalidad, garanticen la seguridad de los consumidores y faciliten el acceso a medicamentos esenciales.
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