Redacción: Amairany Ramírez
En un esfuerzo por enfrentar el problema del cultivo ilegal de cannabis, las autoridades chilenas han lanzado el Programa que Combate el Cultivo Ilícito, con un enfoque integral para erradicar estas actividades. La iniciativa fue presentada por el Prefecto Inspector Mauricio Jorquera, jefe de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con el Delegado Presidencial de Choapa, Jonatan Vega, y el representante del Ministerio Público, Andrés Villalobos.
El programa, que se enfoca inicialmente en las regiones de Coquimbo y El Maule, busca abordar el problema de los cultivos ilícitos desde múltiples frentes, combinando estrategias de investigación policial, judicialización de los delitos y medidas de control patrimonial de las organizaciones delictivas.
La estrategia de la PDI tiene como base un análisis exhaustivo de información que permite identificar y desmantelar el circuito completo delictivo. Este enfoque no solo busca la erradicación de los cultivos, sino también el enjuiciamiento de los responsables, incluyendo delitos relacionados como infracciones a la ley de armas y enriquecimiento ilícito.
El programa establece un conjunto de metas ambiciosas para los próximos años:
Identificación y priorización de territorios: Determinar las áreas urbanas y rurales donde se concentra el cultivo de cannabis.
Investigaciones focalizadas: Redirigir recursos hacia investigaciones específicas en estas zonas de alta incidencia.
Intervención y erradicación: Desarticular redes delictivas asociadas al cultivo y comercialización de cannabis.
Fortalecimiento de capacidades: Invertir en equipamiento y tecnología para las labores policiales e investigativas relacionadas con la erradicación y comercialización ilegal.
Las autoridades enfatizaron que este programa no solo tiene un enfoque de seguridad, sino también uno social. La comercialización ilícita de cannabis genera graves daños a la salud pública y desestabiliza las estructuras sociales de las comunidades afectadas. Erradicar estas actividades contribuirá a la protección de la ciudadanía y la restauración del orden en los territorios afectados.
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